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Por Marcelo Aguilar | Brecha


Foto: Douglas Magno | AFP

Otra vez más llegó el barro que mata todo a su paso. Y otra vez más lo hizo sin alarma previa, sin aviso. El dique de la mina Córrego do Feijão reventó el viernes 25 de enero liberando alrededor de doce millones de metros cúbicos de desechos tóxicos de minería de hierro, tres años después del que ha sido considerado el mayor crimen socioambiental de la historia de Brasil: el colapso de otro dique de la minera Vale en noviembre de 2015 en Mariana, estado de Minas Gerais. Al menos 99 personas murieron alrededor de la ciudad de Brumadinho y los desaparecidos suman 259.

Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables, el alud fue 50 veces menor que el que inundó Mariana, pero todavía no se conocen los detalles acerca del tipo de desechos liberados y su grado de toxicidad. Además, las pérdidas humanas ya superan ampliamente las causadas por el desastre en el río Doce hace tres años. Entre los muertos hay trabajadores de la empresa–que en su mayoría estaban almorzando en el comedor cuando éste fue sepultado por el deslave– y habitantes de las comunidades cercanas.

De nuevo el desastre ocurrió en Minas Gerais, el principal estado minero de Brasil y donde nació la empresa Vale, hoy una de las mineras multinacionales más grandes del mundo. Fundada en 1942 como una empresa pública, fue privatizada en 1997 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Más que privatización fue una entrega: se vendió por 3,3 billones de reales, a pesar de que en aquella época sólo el valor de las reservas minerales se estimaba en más de cien billones de reales.

Según Rodrigo Santos, investigador de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, existe una relación directa entre este tipo de catástrofes mineras y la dinámica del lucro exacerbado de las trasnacionales privadas. “A partir del período en que empezaron a caer los precios (en el sector minero), que se inició en 2011 y se extiende hasta hoy, los cambios en las formas de operar de las mineras pasaron a afectar la vida de las comunidades y de los trabajadores de forma mucho más dramática –comentó a Brecha–. Los desastres como este son fruto de la aceleración y flexibilización de los procesos de licencias ambientales, de la elección de tecnologías y locales inadecuados, de la baja calidad de los proyectos y obras, y principalmente, de las presiones para aumentar la producción y reducir los costos. Todo esto sumado a la inacción y omisión de los entes estatales”, sentenció.

LA PRESIÓN DE LOS MERCADOS.

Santos, que también integra el grupo de investigación Política, Economía, Minería, Ambiente y Sociedad, uno de los más prolíficos en estos temas en Brasil, explicó que estos desastres no pueden ser atribuidos simplemente a la mala gestión de una empresa, sino que “son resultado de la dinámica de acumulación que relaciona a los mercados financieros y mineros a nivel mundial, y son parte constitutiva de las operaciones de las mineras. Este tipo de eventos tienden a intensificarse en escala y gravedad en las fases en que bajan los precios, como ocurre en Brasil”.

Según datos de la Asociación Nacional de Minería, Brasil tiene 196 diques de minería con alto potencial de daño en caso de ruptura, independientemente de su clasificación de riesgo. El dique de Brumadinho que se rompió la semana pasada tenía un alto potencial de daño, pero estaba clasificado como de bajo riesgo de ruptura. Sin embargo, según publicó Valor Económico el martes, la última vez que este dique había sido visitado por los técnicos del gobierno fue en 2016. Desde entonces la propia Vale era la que hacía las evaluaciones de seguridad para las agencias estatales de control. De los casi doscientos diques con alto potencial de daño, 132 se encuentran en Minas Gerais.

Para Ivanei dalla Costa, de la coordinadora nacional del Movimiento de Afectados por Represas, la palabra más precisa para calificar la catástrofe del 25 de enero es “crimen”. “Estamos ante un crimen de la alta explotación minera, que no respeta las vidas humanas, a los trabajadores que trabajan en sus minas y mucho menos al ambiente. Empresas que actúan bajo las lógicas de un modelo que no considera para nada el desarrollo del país, y está al servicio del lucro de las grandes empresas y sus accionistas”, comentó a Brecha. Y el crimen, insiste, es continuo: “Se cumplen poco más de tres años del crimen de Mariana, y hasta ahora ninguna casa fue construida, no sabemos el número exacto de personas afectadas, no tenemos estudios sólidos sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre tantas otras violaciones ambientales y de derechos humanos. El Poder Judicial no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas, ni garantizó la reparación integral de las familias. Por tanto, estamos frente a un crimen que se renueva”.

En noviembre de 2015 una represa de Vale se rompió, liberando una ola de barro con desechos tóxicos que mató a 19 personas y contaminó todo a su paso hasta desembocar en el mar de Regência, en el estado de Espíritu Santo. Tres años y algunos meses después–mientras las soluciones efectivas y las reparaciones justas por ese desastre todavía están lejísimos– otra vez aparecieron la injusticia y la muerte. Ojalá no la impunidad.